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"Interés público en Andratx", gran artículo de opinión de Elena Pipó publicado hoy en El Mundo

31 de Agosto de 2017 | Puerto

Por su interés, reproducimos a continuación el brillante artículo de opinión que Elena Pipó, directora de la Gaceta Náutico, ha publicado hoy en El Mundo de Baleares. El artículo dice lo siguiente: 

NO ME GUSTARÍA estar en la piel de los técnicos y los políticos a los que corresponde decidir qué pasará con el Club de Vela Port d.Andratx después de que el Tribunal Supremo anulara su concesión y reconociera el derecho de la empresa que resultó mejor puntuada en un concurso convocado en 2002 (hace nada menos que 15 años) y que, sin embargo, por actuaciones que han sido declaradas contrarias a derecho, no obtuvo la adjudicación del puerto deportivo.

Dejando a un lado la opinión que me suscita la lentitud exasperante de la Justicia española, la cual merecería un artículo aparte, es obvio que en 15 años (11 desde que el Club de Vela obtuvo su renovación) han pasado muchas cosas que el Govern balear no puede ni debe ignorar a la hora de ejecutar la sentencia.

Pase lo que pase, este desaguisado le va costar muy caro a los ciudadanos de Baleares, ya sea para compensar a la empresa mejor valorada en el concurso o al Club de Vela, que en la última década ha realizado importantes inversiones para modernizar sus instalaciones y adaptarlas a las exigencias de la Ley de Puertos de Baleares. Lo lógico, llegados a este punto, sería que la administración negligente optara por la solución menos onerosa en términos económicos para las arcas públicas. Ninguna de las dos partes en conflicto ha revelado sus intenciones en cuanto a la valoración de los daños y perjuicios, pero es sabido que las inversiones realizadas por el Club de Vela en el espacio público portuario rondan los diez millones de euros (basta ver cómo era y cómo es su edificio social) y que los 20 años de concesión perdidos bien podrían cifrarse en la misma cantidad. Hablamos, pues, de una eventual indemnización de 20 millones, una cuantía astronómica cuyo desembolso el Govern no se puede permitir. Y, ojo, no vale huir hacia adelante para que otros políticos se coman el marrón, porque los políticos cambian, pero los ciudadanos y sus bolsillos somos los mismos.

Otro aspecto que no se puede soslayar a la hora de tomar la decisión es la indudable relevancia que el Club de Vela, ahora mismo sin concesión y en una situación de precariedad que afecta a cerca de 60 trabajadores y a varios centenares de amarristas, tiene para la comarca de Andratx y, aún más importante, para el deporte náutico.

Lo pongo en segundo lugar, por detrás del económico, porque su peso jurídico es más bien relativo, dado el mandato judicial, aunque lo considero igual de importante. El Ayuntamiento de Andratx en pleno ha apelado, precisamente, a este papel vertebrador que desempeña el club para reclamar al Govern una solución que no represente un cambio en el modelo de gestión del puerto. Pocas veces en estos tiempos de crispación se ve que partidos como Més, PSOE, PP o PI se pongan de acuerdo en algo. El Club de Vela ha conseguido el milagro.

La pérdida de una entidad histórica como la de Andratx tendría un coste social inasumible para quienes defendemos la náutica como un derecho y, aun reconociendo y alabando la excelente labor turística que desarrollan los varaderos y marinas privadas, que son una pieza fundamental dentro del engranaje del sector náutico, somos plenamente conscientes de que el acceso al mar de los residentes y las economías modestas quedaría cerrado para siempre tan pronto como desaparecieran los clubes. El de Ibiza, que acaba de renovar su concesión tras más de siete años de espera, ha estado muy cerca de caer, mientras el Molinar no sabe qué le depara el futuro (de momento ha tenido que suspender temporalmente la actividad de su equipo de regatas por falta de recursos) y el Marítimo de Mahón busca la manera recuperar la concesión de los amarres que la Autoridad Portuaria de Baleares decidió otorgarle hace siete años al empresario Gerardo Díaz Ferrán, condenado por varios delitos económicos y pendiente de juicio en la causa de corrupción portuaria conocida como Mar Blau.

No se dejen engañar por quienes les dicen que los clubes náuticos hacen negocio con los amarres, porque esos ingresos son los que sufragan el deporte y el mantenimiento del espacio público, y liberan a las arcas públicas de tener que sostener ambas cosas. No caigan en la trampa de la demagogia. En el caso concreto del Club de Vela hablamos de una entidad que invierte cada año medio millón de euros en el fomento del deporte, que incentiva la participación en regatas a través de descuentos en amarres y que sostiene, sin pedir ni recibir por ello ninguna subvención, la actividad de uno de los equipos de vela para personas con discapacidad más importante de España. Sólo por eso es merecedor de una protección especial. Esperemos que entre todas las partes sean capaces de arreglar el entuerto con la sensibilidad y sentido común que requiere la situación. El interés general no es algo que aquí se pueda poner en discusión.

Elena Pipó es periodista y directora de “Gaceta Náutica”.